AMPF Asegura Cinco Toneladas de Videogramas y Fonogramas Apócrifos en Texcoco, Estado de México

México, D. F., a 05 de Febrero de 2010.- Como parte de las acciones emprendidas por el gobierno federal en el combate a los delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial, la Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) logró el aseguramiento de cinco toneladas de material apócrifo de audio y video, así como 11 locales comerciales en Texcoco, Estado de México.
El agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial (UEIDDAPI), en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Policía Federal cumplimentaron la orden de cateo número 43/2010, otorgada por el Juez Segundo de Distrito, en la Plaza Bicentenario “Nicolás Bravo”, ubicada en calle Nicolás Bravo s/n, colonia Centro, en el referido municipio.
En el operativo, participaron nueve Ministerios Públicos de la Federación, cinco oficiales secretarios, 41 elementos de la Policía Federal Ministerial, 70 elementos de la Policía Federal Preventiva y seis peritos de la Dirección General de Servicios Periciales de la institución.
Los productos asegurados quedaron a disposición del Representante Social de la Federación quien continúa con la integración de la averiguación previa 21/UEIDDAPI/2010, para sancionar la reproducción ilegal de obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, previsto en el artículo 424 bis del Código Penal Federal, que señala una pena de prisión de tres a diez años y de dos mil a 20 mil días multa a quien produzca, reproduzca, distribuya o venda copias de fonogramas o videogramas protegidos, sin la autorización que en los términos de la citada Ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.

Con acciones como ésta, la Procuraduría General de la República participa en la estrategia implementada entre el sector industrial y las instituciones gubernamentales con el objetivo primordial de proteger los derechos de autor y la propiedad industrial para evitar que sean violentados y salvaguardar la economía formal.